El 11 de febrero de 2023 entra en vigor el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación del Tajo del tercer ciclo de planificación establecido en la Directiva Marco del Agua. Este documento legal tiene el objetivo, entre otros, de conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, así como racionalizar los usos del agua en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

El plan ha supuesto una mejora respecto de los anteriores, pero lamentablemente, algunas de las disposiciones del Plan son contrarias a estos fines. Es especialmente patente en la fijación incompleta de los caudales ecológicos en los ríos de la cuenca. Este hecho ya motivó que, en 2019, varios colectivos de la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos (Red del Tajo) ganáramos un recurso en el Tribunal Supremo cuya sentencia obligaba a la Confederación Hidrográfica del Tajo a establecer estos caudales. Cuatro años después, nos encontramos con un Plan Hidrológico que, pese a algunos avances, tiene varios elementos contarios a la normativa española de aguas y que contravienen el objetivo de conseguir el buen estado y la protección de los ecosistemas fluviales.

Esto ha motivado que los colectivos de la Red del Tajo hayamos vuelto al Tribunal Supremo para consolidar las mejoras y demandar un Plan que haga cumplir las disposiciones legales y el buen estado de nuestros ríos.

Los motivos que nos hacen recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) el Plan Hidrológico del Tajo se pueden resumir básicamente en dos:

1.      Incumplimiento de la obligación de establecer todos los componentes del caudal ecológico

Como establece la legislación española y como reconoce la sentencia de 11 de marzo de 2019 del Tribunal Supremo, los planes hidrológicos deben incluir los caudales ecológicos en todas las masas de agua con todos sus componentes, esto es: caudales mínimos, caudales máximos, distribución temporal de estos, tasas de cambio y caudales de crecida.

Hay que recordar que los caudales ecológicos “permite mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos” (Instrucción de Planificación Hidrológica). Dicho de otra forma, su establecimiento incompleto contribuye al deterioro del estado de los ríos y, por ello, es contrario a los objetivos ambientales establecidos por la ley. Además, el establecimiento escalonado de los caudales mínimos es una anomalía no prevista en la ley y contraria a lo fijado en la sentencia de TS.

2.      Incumplimiento de establecer necesidades hídricas para la conservación de los hábitats y especies protegidos

El establecimiento de caudales ecológicos de manera incompleta entra en oposición a la obligación legal de establecer caudales apropiados para mantener o restablecer un estado de conservación favorable de los hábitat o especies de las zonas protegidas, respondiendo a sus exigencias ecológicas.

Como es lógico, y a pesar del estado de degradación de muchos ríos de la cuenca, existen multitud de espacios protegidos que incluyen cientos de kilómetros de masas de aguas en sus límites, que tienen hábitats y especies ligados al medio fluvial cuya conservación depende, entre otras cosas, de unas necesidades hídricas específicas. No plantearlas estaría vulnerando tanto la legislación española, como las Directivas de Agua, Hábitats y Aves.

Por todas estas razones consideramos que varias disposiciones del Plan Hidrológico del Tajo aprobado en 2023 deben modificarse. Consideramos que la Confederación Hidrográfica del Tajo debe planificar de manera independiente desde la objetividad y sin interferencias partidistas, basándose en exclusiva en la observancia de los objetivos establecidos por ley y el mejor conocimiento científico disponible.

Para conseguirlo, desde los colectivos de la Red del Tajo hemos interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo.

Necesitamos un mínimo de 20.000 euros para cubrir los costes técnicos y jurídicos básicos del recurso. Nos encontramos con recursos muy complejos y prolongados en el tiempo que van a requerir de todo nuestro esfuerzo y dedicación para desmontar las falacias con las que se defiende tanto la continuidad del deterioro del río Tajo, como la regresión respecto de los avances que se han conseguido, tender en cuenta que hay en frente  administraciones autonómicas (Murcia, Andalucía y Valencia) y locales, así como comunidades de regantes.